Yo estudié en un colegio alemán, y eso marca. La educación germana se basa en el orden, el sentido del deber y de lo correcto. Por eso, cuando me topé con un proverbio español muy particular: «Al enemigo, la Ley», quedé francamente desconcertado. ¿Cómo vas a desearle a tu enemigo La Ley, si las leyes son algo bueno, el epítome de la civilización? Algo no cuadra.

Con los años acabé por entender algo de leyes, a pesar de dedicarme profesionalmente a las ciencias. Aprendí a distinguir entre lo indeterminado y lo arbitrario. Una indeterminación jurídica es algo no deseable, pero válido y frecuente. El juez siempre tendrá vías de concretar lo no concretado recurriendo a consulta de expertos o al sentir ciudadano. Por ejemplo,…»si se produce un daño significativo»

Una ventana a la arbitrariedad, sin embargo, es algo que una ley debe evitar a toda costa, pues no hay modo de concretar lo que pretende la norma,, sino que quedará a criterio del titular de la resolución. Por ejemplo: «… no se podrá construir si perjudica a la comunidad a juicio del Ayuntamiento.» Dicho juicio queda liberado, no se fijan criterios, ni siquiera se le exige una resolución razonada. En definitiva, se abre la puerta a la arbitrariedad, una temible arma política ante la que todo ciudadano queda indefenso..

Por absurdo que parezca, un análisis detallado de nuestra legislación revelará que está minada de clausulas que habilitan las arbitrariedades. Y esto no puede ser el resultado de mera chapuza. Cabe sospechar que dichas cláusulas se han sembrado estratégicamente para ser usadas como arma política. Quizás todo ello tenga su origen en el hecho de que la mayoría de nuestras leyes las prepara el poder ejecutivo antes de ser remitidas al legislativo. La tentación de dotarse de un instrumento tan contundente para castigar o premiar a voluntad es ciertamente poco democrática, pero muy humana. Y la cosa ha de venir de bien lejos, como para haber hecho mella en nuestro nuestro refranero: «Al enemigo, la Ley».

En este mismo contexto me viene al recuerdo un texto de Eduardo García de Enterría que leí hace años: «La Lucha contra las inmunidades del poder». Es breve. Lo recomiendo.

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Los españoles nos hemos dotamos de una Constitución; sentamos las bases de un estado de derecho, y lo venimos intentando con un pueblo que, esencialmente, no es democrático. Esto lo convierte en tarea difícil, y de ahí los trompicones y desatinos.  El tribalismo ínsito a las personas no cambia de la noche a la mañana, y menos en tiempos de crisis y miedos que azuzan los instintos más protectores: primero lo mío, luego lo tuyo, y después los otros. El progreso en cotas de civilización va en sentido contrario, y es un proceso de racionalismo que reclama tiempo y maceración. El camino es largo, pero es la mejor ruta que conocemos hacia una convivencia en positivo, sin malas babas y sin resentimientos gremiales, de clase, o históricos. La ‘ciudadanía’ que nos ofrece la Constitución es un sueño que inspira a quienes comprenden su significado y calado, y hacia él han de ir nuestros esfuerzos, procurando que aflore la igualdad -sin matices- de entre tanto nacionalismo excluyente o igualitarismo demagógico. Sé que el empeño es como querer leer un periódico un día de viento. Pero hay que perseverar…

Ojalá que los cambios que se avecinan con nuestra realidad parlamentaria, sirvan para retocar algunos flecos de la Carta Magna que permitieron el consenso allá en 1978, pero que ahora resultan cuanto menos incómodos. Sí, ojalá lo consigamos en positivo y sin adulterar los principios democráticos que atesora, y que hacen de nuestra Constitución el bien presente más preciado que, como conjunto de seres humanos, hemos sabido otorgarnos. Sigamos soñando, pues, como ciudadanos, y brindemos hoy por nuestra Constitución: ¡Feliz cumpleaños!… y que cumplas muchos más.

Antonio Machado Carrillo (afiliado de UPyD)

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Actualmente, los cabildos son elegidos por sufragio democrático, lo cual es del todo correcto para un órgano de la Administración Local. Lo mismo ocurre con los ayuntamientos. La única pregunta que cabe formularse en este contexto es, si el actual esquema cabildo/ayuntamientos es el más eficiente y si la Hacienda Pública lo puede seguir costeando en los términos presentes. Además, parece razonable que en un futuro próximo cada Administración se ocupe de recaudar —y luego emplear— lo que le corresponde. Tampoco se puede descartar la posibilidad de que, por razones estrictamente funcionales, hubiera que plantearse la necesidad de eliminar algún cabildo o, por el contrario, concentrar varios ayuntamientos en determinadas comarcas o islas. Las penurias económicas que se avecinan se encargarán de abrir esta llaga. Pero este es otro debate.

El tema focal de la discusión emergente es si los cabildos pueden seguir adquiriendo más competencias y presupues­tos dentro del actual esquema institucional sin conculcar el sistema democráti­co. Y si lo que parece pretenderse en definitiva, el acabar como gobiernos insulares bien a resultas de este proceso, o de otro modo, es legítimo y constitucio­nal.

Las reglas democráticas establecen que el Gobierno lo nombra el Parlamento (electo), de modo que éste controlará a aquél. O sea, que el Gobierno responde siempre ante el Parlamento y se ve sometido a control presupuestario y, eventualmente, a los votos de censura. Si se pretendiese asignar tal función de ejecutivo —insular, obviamente— a los cabildos, las preguntas obligadas son: ¿ante quién responde el gobierno insular? ¿ante el Parlamen­to?; ¿quién va a controlar su presupuesto? ¿los votantes?. Acabaría­mos casi seguro con un absurdo, pues es antinatura en una democra­cia que el ejecutivo sea elegido directamente por votación popular.

De todas maneras, hay razones de lógica territorial y eficiencia administrativa (y también históricas) para que los cabildos se conformen como un «ejecutivo» para la isla. Esto se conseguiría, tal vez, convirtiendo a los cabildos en órganos territoriales del ejecutivo autonómico. Sus presidentes —o el nombre que se les quisiera dar— serían nombrados por el ejecutivo regional. Siendo así, no habría que transferir competencia alguna, pues éstas se ejercerían de manera sustantiva por un órgano que sería territo­rial, de una misma y única Administra­ción. Hay materias que se pueden llevar descentralizadamente (=insularizadamente) sin mayor requerimiento que cierta planifi­cación y coordinación regional (=interinsular). Tal sería el caso de agricultura, turismo, política territorial, etc. Otras materias, obviamente, parecen requerir una gestión unificada: hacienda, educación, etc.

No obstante, un esquema así tampoco sería del todo satisfac­torio, pues se perdería casi seguro ese componente «territorial de gobierno» que, en una región tan determinísticamente fragmen­tada como es un archipiélago, parece ser no solo una legítima aspiración del «insularismo», sino también una demanda de sensatez y mesura democrática.

Es muy posible que tal función sea imprescindible para construir un futuro más equilibrado en Canarias, pero debería ubicarse en el sitio que aparentemente le corresponde: el Parlamento. Si quisiéramos que el actual sistema autonómico mejorase con el aporte de una componente territorial-insular para tamponar las obvias desviaciones que hoy se pueden producir (¡y se producen!) con el esquema parlamentario vigente, habría que crear probablemente una segunda cámara, territorial, con peso específi­co (= no de adorno). Es ahí donde tendrían cabida los «represen­tantes electos por la isla» y donde dicha representati­vidad ejercería su necesaria y legítima función de manera democrática. El cómo hacerlo, sería cuestión de detalle y de habilidad.

A. Machado

Santa Cruz de Tenerife, junio 1992

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El conjunto de las ponencias fueron quizás excesivamente «economicistas» y con un sesgo tal vez académico, más enmarca­das en el ejerci­cio analítico y especulativo, que en el com­promiso propositi­vo formal (hubo excep­ciones). Por más, la Economía, tal cual allí se manifestó, se me antoja como una «ciencia laminar» capaz de encontrar la congruencia e interre­laciones perfectamente or­questadas en un estrato o capa, dejando completamente al margen los demás aspectos de la realidad. Es como quien anali­za la rela­ción del fuego con el calor, el humo y la luz que despide; explica y predice cómo funciona el sistema, pero no entra en quién puso la leña y porqué le prendió fuego. Lo que en muchos análisis económicos se toma como origen o causa de lo que luego se estudia e interpreta, es en realidad el efecto de otras causas previas, generalmente de otra cualidad, y en las que a menudo radica el quid del sistema. Esta capaci­dad de integrar y hacer encajar todo en una lógica —economé­trica las más de las veces— tras simplificar excesivamente los parámetros involucrados, conduce a errores de fondo. Lo que no es más que una lectura «estrati­gráfica y limitada de la reali­dad, se llega a interpretar como la esencia misma de ella, y se decide en consecuen­cia.

Toda cultura, evento o modelo social tiene una lectura económica. Lo malo, a mi ver, es que de tanto practicarla, Occidente ha cambiado las ternas y convertido a la Economía en la propia razón de ser; en una cultura en sí misma.

Esta filosofía desviada quedó reflejada en las jorna­das. En sus exposiciones, los representantes comunitarios conside­ra­ron solo los modelos tendenciales de la economía europea; es decir, aquéllos que se ven favorecidos por la mayor efi­ciencia monetaria (hay algo de razón en hablar de la Europa de los mercaderes). Para salir de los desequili­brios existentes lo que nos sugieren es favorecer y promover más los mecanismos que más producen y así ellos, por arrastre, se encargarán de levantar la situa­ción de los sectores o territorios hoy menos favorecidos. En resumen, más infra­estructuras hard y un fuerte impulso político hacia la derecha clásica. Además, el análi­sis resultó excesiva­mente endogámico. No se consideraron, por ejem­plo, cuáles eran los escena­rios en el entorno extra-euro­peo, ni si la política de continuar impulsando la maquina­ria pro­ducti­vis­ta-consumista se puede mantener por mucho tiempo, aun a pesar de la situa­ción de privilegio que viven los países euro­peos.

El tema ambiental surgió en los discursos programáticos como algo siempre muy importante, pero luego nunca se incorpo­ró a los parámetros empleados. Lo único interesante fue detectar y reconocer un componente territorial en la política industrial. ¡A buenas horas! En general, el medio ambiente fue pura boquilla o, simplemente, falta de datos o ignorancia sobre como incorporarlo a sus formulaciones. Sirvan de muestra dos ejemplos:

Una profesora catalana planteó la conveniencia de promo­cionar los «sistemas locales de empresas» (=conjunto de Pymes semi­coordinadas) pues se había demostrado que eran competitivas respecto de las grandes empresas porque explota­ban mejor ciertas deseconomías. Sin embargo, no se percató de que tales deseconomías pudieran ser precisamente las ambienta­les. En los tratamientos anticontaminación también existe un factor de escala que hace viable la aplicación de estas medi­das. En otras palabras, podría darse con facilidad el caso de sistemas locales de empresas que individualmente no rebasasen los requisitos ambientales, pero que, en su conjunto, fuesen del todo conta­minantes e indeseables. La mayor competitividad a que aludía la ponente radicaría con seguridad en el ahorro de medidas anticontaminantes a costa del sector público.

El problema de las migraciones externas e internas en la CEE se abordó desde la óptica exclusivamente laboral: exceso y demanda de oferta de trabajo y las demás reglas que, teórica­mente, operan en este contexto. Se pasó por alto el hecho de que muchos traslados de familia están teniendo lugar debido a factores estrictamente ambientales (1/3 en los EEUU) y que una mejor calidad ambiental es aceptada ya por muchas personas como valor añadido a su salario. Tampoco percibí preocupación alguna por la fragilidad eco-social europea, que crece a medida que aumenta la probabilidad de que se produzcan catás­trofes ambientales que originarían migraciones disruptivas de consecuencias impredecibles.

¿Y Canarias?

El panorama que nos presentaron del futuro desarrollo de Europa no es muy halagüeño para Canarias. Cierto es que los escenarios discuti­dos fueron solo los tendenciales y que todavía hay muchas incertidumbres en el horizonte (Maastrich, Conferencia de Río, guerra civil soviética, etc) como para admitir que éstos sean los más probables.

Aun así, se aceptó que Europa (CEE) va a seguir más o menos por los derroteros ya señalados, y éstos apuntan hacia la conso­lidación del eje de desarrollo Liverpool-Munich, y a lo sumo, a la aparición de un nuevo eje centrado en Milán-Toulou­se-Barcelo­na. La mayoría de las ponencias se centraron en discu­tir el largo (¿Sevilla?, ¿Roma?) y ancho (¿Madrid?) de este «arco latino», y por más que señalaron repetidas veces a la cultura como la infraestructura principal en todo sistema de despegue económi­co, todas las propuestas hechas convergie­ron sobre infraes­tructu­ras «físicas»; carreteras y ferrocarril básica­mente (y también algo las comunicaciones).

Canarias está en una situación ultra-periférica. Creo que sería una política absurda intentar meternos en el corazón de la campana de Gauss europea. Por mucho que se acorten las distan­cias entre los diferentes miembros europeos, nuestra ubicación de «cola de Gauss» no hay quien nos la quite. Sería un error estratégico plantearnos una integración estilo «Ba­leares en la Europa del año 2000». Me parece prefe­rible abor­dar una incorporación sui generis, algo así como «Canarias, con la Europa del año 2000»; hacer uso precisa­mente de la condi­ción de ultrape­riferia y especia­lizarnos en esta cuali­dad. Sacar provecho de las singularida­des reales y abun­dar en ellas en el seno de una Europa que se autodefine, como de la Europa de las regiones y la diversidad.

Siempre he entendido a Europa como una singular inercia histórica y como norte cultural a los que no debemos renun­ciar. Las nuevas tecno­logías en materia de comuni­caciones pueden cierta­mente acercar las islas a la dinámica europea, pero pensar en una integra­ción en las redes económi­cas de Europa parece una fala­cia. Creo que es preferible adoptar una política de haus­to­rio.Los haustorios son unos tubos conectores que emiten algunas plantas y hongos parásitos y que «enchufan» a las células de las plantas huéspedes, obteniendo de ellas los elementos nutritivos necesarios para construir sus propios tejidos

Esta opción de «parasitismo inteligente» ha de practicar­se con cautelas para no dañar al huésped (cosa poco probable) o para herir las susceptibilidades. Permi­tiría construir con piezas externas el tejido propio acorde a nues­tra idiosincrasia, reforzando a la vez nuestras singulari­dades. Las estrategias parasitarias se pueden adoptar sin tener que se uno un parásito. En realidad, nuestra rela­ción sería a lo más semi-parasi­ta­ria o simbiótica, por cuanto Canarias es parte de Europa (=derecho a enchufar el haustorio) y no puede ser vista como un organismo extraño. A cambio, ahí queda nues­tra posición de avance europeo en el Atlántico, centro vaca­cional con estándares comunitarios, etc.

Tal planteamiento no es del todo descabellado y, de hecho, en alguna reunión comunitaria sobre la que nos hablaron en la mesa redonda final, se barajaron otros escenarios además del tendencial. Uno de ellos, alternativo, consistiría en el funcionamiento de dos polos adicionales o focos de desarrollo como puentes hacia las zonas que han quedado colgadas: uno para el sur (polo en Sevilla) y otro para el norte (polo en ¿Moscú?). Este esquema no cambiaría mucho la actual situación de Canarias.

Otra pro­pues­ta, las más interesante, fue el «modelo de la di­versi­dad»: una Europa con multitud de puntos de desa­rro­llo pequeños y hete­rogéneos, que sería sin duda más sus­tentable cultu­ralmente y quizás también ecológicamente. Es el modelo más utópico, pero Canarias debería apoyarlo pues es el que más converge con los intereses globales de regiones archi­pelágicas diferenciadas y distanciadas.

Santa Cruz de Tenerife, 5 diciembre 1991

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In the play of democracy the government hast the power and rules, and the opposition wants that same power to rule, differently, of course. Parties promoting a moderation in consumption and big changes have little chance of gaining the power in today`s society of abundance. People’s tendency is generally to want more, not less. On the other hand, people with strong sensitivity to the environment or sufficiently afraid of actual environmental threats are still a minority. Therefore, parties aiming to rule under ecologically sound principles will still be a minority for long time or, at least, till humankind gets really scarce by drastic environmental catastrophes. There is also some fear against eco-fascism

Most people vote what they want for themselves on an egoistic level, sometimes considering their “neighbors” but, almost never thinking of the fate of those who are not even born. Moreover, mass media and oversaturation of human calamities have eroded people’s sensibility. That is well known by politicians. They owe their voters. If they promote a policy of reductions, restrictions and removal or resources for the benefit of “somebody else” in the future, they will have difficulty keeping their political seats.

Few parties have internalized their electoral promises regarding the environment. Economic inertia and cost of losing voters when the captivating promise becomes a cruel truth, favors acceptance of a pragmatic moral, and they forget.

So, if the environmental component in major political programs tends to be cornered by inertia of economic factors, and the global environmental programs are still a long ways from being adopted because of little maturity in Biosphere management, what chances have future generations?

We have to deal and cope with our own decisions. They may come from the majority or, at the world level, most probably from a few industrialized countries. That is a matter of international solidarity and generalized responsibility regarding the Biosphere, already discussed in other places. My point here is to consider the trans-generational moral which is heartily needed an which should be present at all instances of political decision, from the town hall to international for a.

What if we would have members of town halls, regional governments or parliaments representing and defending only the rights of people of future generations? What if we would have at least one. They would have additional possibilities to achieve long-term environmental goals:

1. They do not seek the power in so far they do not belong to a party who wants to govern.
2. Their objective is to mould and buffer the exercise of power by whoever forms the government. Many times it is not a matter of doing things, but of doing them differently.
3. Their only force is that of a trans-generational moral and a rational environmentalism.
4. They do not owe today’s voters in so far as they have not promised them anything, but just to defend the right to a dignified and unspoiled environment for generations to come.
5. Other parties would not see them as opponents to fight, but rather as another view to consider and a new enlightened moral to follow if they so choose.
6. They may act as valuable moderators in strong controversies between parties as they represent a neutral interest, that of the future generations who belong to everybody.
7. They should try to tell only the “whats” and avoid the “hows”. “Hows” belong to the governing party.

They should always keep independent voices and never aggregate as a party. Their credibility is bound to their “no party” condition.

Some institutions and countries with only major party representations may have technical difficulties accepting such independent members in their structure. It may be worth considering their structure and perhaps, opening the door by establishing minimum of votes necessary to gain entrance.

Finally, the crucial question: who votes for the “representatives” of people who are not yet born? If they are confident, I am convinced that elderly people would vote for them, grandfathers, grandmothers and conscious parents. Such a candidate could collect also the “positive” vote of indecision, of people who doubt or who do not find a satisfying party. It may become a kind of neutral vote.

The cause of environment hast not many chances today. The proposed approach is limited, of course, but worth trying. A hidden moral is a dead moral. Intellectuals and scientist prepared and concerned with long-term world problems should accept this challenge.

Text presented at the 3^rd International Conference on Environmental Future.
(Edinburgh, 25-26^th September 1987)

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