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Los hechos parecen indicar que se va a abrir de nuevo el debate sobre el modelo institucional de Canarias y, en particu­lar, el papel que deben jugar los cabildos insulares. Algunos cabildos han expresado ya abiertamente en diversos foros y modos su apetencia por constituirse en auténti­cos gobiernos insulares. ¿Es legítimo?, ¿es viable?, ¿es sensato?

Actualmente, los cabildos son elegidos por sufragio democrático, lo cual es del todo correcto para un órgano de la Administración Local. Lo mismo ocurre con los ayuntamientos. La única pregunta que cabe formularse en este contexto es, si el actual esquema cabildo/ayuntamientos es el más eficiente y si la Hacienda Pública lo puede seguir costeando en los términos presentes. Además, parece razonable que en un futuro próximo cada Administración se ocupe de recaudar —y luego emplear— lo que le corresponde. Tampoco se puede descartar la posibilidad de que, por razones estrictamente funcionales, hubiera que plantearse la necesidad de eliminar algún cabildo o, por el contrario, concentrar varios ayuntamientos en determinadas comarcas o islas. Las penurias económicas que se avecinan se encargarán de abrir esta llaga. Pero este es otro debate.

El tema focal de la discusión emergente es si los cabildos pueden seguir adquiriendo más competencias y presupues­tos dentro del actual esquema institucional sin conculcar el sistema democráti­co. Y si lo que parece pretenderse en definitiva, el acabar como gobiernos insulares bien a resultas de este proceso, o de otro modo, es legítimo y constitucio­nal.

Las reglas democráticas establecen que el Gobierno lo nombra el Parlamento (electo), de modo que éste controlará a aquél. O sea, que el Gobierno responde siempre ante el Parlamento y se ve sometido a control presupuestario y, eventualmente, a los votos de censura. Si se pretendiese asignar tal función de ejecutivo —insular, obviamente— a los cabildos, las preguntas obligadas son: ¿ante quién responde el gobierno insular? ¿ante el Parlamen­to?; ¿quién va a controlar su presupuesto? ¿los votantes?. Acabaría­mos casi seguro con un absurdo, pues es antinatura en una democra­cia que el ejecutivo sea elegido directamente por votación popular.

De todas maneras, hay razones de lógica territorial y eficiencia administrativa (y también históricas) para que los cabildos se conformen como un «ejecutivo» para la isla. Esto se conseguiría, tal vez, convirtiendo a los cabildos en órganos territoriales del ejecutivo autonómico. Sus presidentes —o el nombre que se les quisiera dar— serían nombrados por el ejecutivo regional. Siendo así, no habría que transferir competencia alguna, pues éstas se ejercerían de manera sustantiva por un órgano que sería territo­rial, de una misma y única Administra­ción. Hay materias que se pueden llevar descentralizadamente (=insularizadamente) sin mayor requerimiento que cierta planifi­cación y coordinación regional (=interinsular). Tal sería el caso de agricultura, turismo, política territorial, etc. Otras materias, obviamente, parecen requerir una gestión unificada: hacienda, educación, etc.

No obstante, un esquema así tampoco sería del todo satisfac­torio, pues se perdería casi seguro ese componente «territorial de gobierno» que, en una región tan determinísticamente fragmen­tada como es un archipiélago, parece ser no solo una legítima aspiración del «insularismo», sino también una demanda de sensatez y mesura democrática.

Es muy posible que tal función sea imprescindible para construir un futuro más equilibrado en Canarias, pero debería ubicarse en el sitio que aparentemente le corresponde: el Parlamento. Si quisiéramos que el actual sistema autonómico mejorase con el aporte de una componente territorial-insular para tamponar las obvias desviaciones que hoy se pueden producir (¡y se producen!) con el esquema parlamentario vigente, habría que crear probablemente una segunda cámara, territorial, con peso específi­co (= no de adorno). Es ahí donde tendrían cabida los «represen­tantes electos por la isla» y donde dicha representati­vidad ejercería su necesaria y legítima función de manera democrática. El cómo hacerlo, sería cuestión de detalle y de habilidad.

A. Machado

Santa Cruz de Tenerife, junio 1992

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