Las islas Canarias cuentan con un territorio limitado, ecológicamente frágil, rico en biodiver­sidad y superpoblado, en el que más de la mitad de la superficie de algunas islas se encuentra bajo régimen jurídico de especial de protección. Estas circunstancias no se dan en territorios continentales y exigen una especial atención y comprometida voluntad política para conjugar las necesidades de desarrollo de la población con la conservación de los recursos naturales y el paisaje insular, que son además de señas de identidad propia, el soporte de la principales actividades económicas de esta comunidad autónoma: el turismo y la agricultura.

A tal fin, las políticas públicas en material ambiental deberían guiarse por los siguientes principios:

1. No ocupar nuevo territorio natural para ubicar usos que pueden encajar en otras zonas ya alteradas y en desuso.
2. Defender la singularidad del paisaje isleño, regulando el aprovechamiento publicitario que lo afecta, y desincentivando el empleo de modelos constructivos y clichés propios de otras culturas (caribeña, etc.).
3. Optimizar el uso urbano y agrícola del agua y su reutilización a través de tecnologías apropiadas, así como combatir los sistemas de distribución defectuosos.
4. Fomentar estrategias de bajo consumo energético y favorecer el desarrollo y uso de las energías limpias, sin perjuicio de la debida consideración del impacto de sus infraestructuras en el paisaje.
5. Planificar y gestionar los residuos a escala insular.
6. Revisar los niveles de protección atribuidos a las especies silvestres de Canarias con criterios técnicos y dando audiencia a las personas potencialmente afectadas por las aplicación de las medidas de protección requeridas.
7. Reforzar las medidas para impedir la introducción de nuevas especies exóticas invasoras y explicar su riesgo potencial en los principales puntos de entrada a las islas.
8. Fomentar la capacitación técnica de los responsables de patrimonio natural y asuntos ambientales en las instituciones canarias.
9. Mantener la red de parques nacionales bajo la tutela de la máxima autoridad legislativa del Estado.
10. Organizar la monitorización ecológica del medio terrestre y del marino en el marco de las políticas europeas sobre patrimonio natural, calidad de las aguas, y de la estrategia marina.
11. Simplificar el maquis legislativo existente en materia urbanístico-ambiental y de conservación.
12. Exigir a las autoridades responsables la definición de políticas ambientales expresas y públicas, con objetivos claros verificables, y con el compromiso de dar cuenta de los resultados obtenidos de modo periódico.

La cuestión es que una democracia no puede prosperar con un mínimo de dignidad sobre un territorio que no tenga perspectivas ecológicas de futuro.